Nuevo hito histórico copiapino: poseemos el establecimiento educacional más antiguo de
Chile
Desde una perspectiva jurídico-institucional, la antigüedad de un establecimiento
educacional no puede determinarse únicamente por la fecha de su nombre actual, por la del
sostenedor vigente o por la última resolución administrativa que lo reconoce. Esos
elementos identifican la situación jurídica de un momento determinado, pero no resuelven
el problema de la identidad histórica de la institución.
En Derecho, las instituciones pueden experimentar modificaciones sin perder su
identidad. Una persona jurídica puede cambiar de nombre, de domicilio, de patrimonio, de
administración o incluso de titularidad, sin dejar por ello de ser la misma entidad. Del mismo
modo, un establecimiento educacional puede cambiar de denominación, de sostenedor, de
dependencia administrativa, de régimen jurídico o de ubicación física autorizada sin que ello
implique necesariamente la creación de un establecimiento distinto. El propio sistema
educacional chileno contempla trámites específicos para el cambio de nombre o de local de
un establecimiento, precisamente porque tales modificaciones no equivalen, por sí mismas,
a su extinción y nueva fundación.
Por ello, la cuestión decisiva no consiste en preguntarse cuál es el colegio que
conserva el nombre más antiguo, sino cuál es el establecimiento cuya identidad institucional
ha permanecido vigente a través del tiempo, y en ese contexto, cuál es la más antigua.
Para responder esa pregunta deben analizarse criterios objetivos. El primero es la
continuidad institucional. Debe verificarse que no exista un acto de extinción de la
institución, sino una sucesión de administradores, congregaciones, sostenedores o
autoridades que continúan desarrollando la misma obra educativa. Los cambios de nombre
o de administración constituyen modificaciones organizativas, no necesariamente la
creación de un establecimiento nuevo.
Desde el punto de vista de la lógica y de la ciencia jurídica, no es lo mismo la esencia
que los accidentes. Si la esencia se mantiene, los cambios accidentales no invalidan el ente
en sí.
El segundo criterio es la continuidad funcional. Si la finalidad de la institución, esto
es, su teleología, permanece siendo la educación y existe una sucesión reconocible y visible
entre sus distintas etapas históricas, la identidad institucional puede mantenerse aun cuando
cambien sus estructuras jurídicas.
El tercero corresponde a la continuidad documental. La institución debe poder
reconstruir, mediante archivos, crónicas, reglamentos, resoluciones, libros de matrícula,
publicaciones y demás fuentes históricas, una línea ininterrumpida que enlace cada una de
sus etapas.
El cuarto es la continuidad material. Las instituciones históricas no existen
únicamente como categorías jurídicas; existen también a través de sus edificios, iglesias,
patios, archivos, imágenes, mobiliario, libros, monumentos, reliquias y demás bienes
materiales que objetivan su permanencia. La identidad institucional se manifiesta también
en esos elementos que sobreviven al paso de las generaciones.
Finalmente, existe una continuidad histórica, expresada en la memoria objetiva de la
comunidad educativa, conservada en documentos, relatos institucionales y fuentes
historiográficas que permiten reconocer la misma institución bajo distintas denominaciones.
Aplicando estos criterios al caso del Liceo Católico Atacama, el argumento adquiere
una estructura mucho más sólida que la mera afirmación de haber sido fundado en 1732.
Lo que debe sostenerse es que la actual comunidad educativa constituye la continuación
histórica de la Escuela de La Merced fundada ese año. El trabajo del historiador copiapino
don Osvaldo Carvajal, reúne antecedentes que permiten reconstruir esa continuidad: la
fundación de la escuela mercedaria en 1732; su establecimiento en el mismo conjunto
conventual; la permanencia de la enseñanza durante los siglos XVIII y XIX; la sucesión de
congregaciones religiosas; los cambios de denominación; la incorporación de nuevos niveles
de enseñanza; y la conservación del mismo núcleo institucional hasta el actual Liceo
Católico Atacama.
En este punto cobra especial importancia la obra de Carlos María Sayago. Su Historia
de Copiapó no sólo proporciona fechas, sino que permite identificar la continuidad del
convento, de la iglesia, de la escuela y del solar donde se desarrolla la labor educativa. Al
describir las donaciones fundacionales de María Bravo de Morales y de Juan Antonio Gómez
Granizo, y al identificar el emplazamiento del convento de La Merced, Sayago aporta
evidencia sobre la permanencia material de la institución a través del tiempo.
En consecuencia, la afirmación de que un establecimiento es el colegio vigente más
antiguo de Chile no puede fundarse exclusivamente en la fecha de una resolución ministerial,
en la personalidad jurídica actual o en la denominación que hoy utiliza. Debe fundarse en la
demostración de una continuidad histórica, institucional, funcional, documental y material,
que permita concluir que, pese a las transformaciones experimentadas durante casi tres
siglos, la institución que hoy existe es lógica, jurídica e históricamente la misma que
comenzó su labor educativa en 1732. Esta afirmación está acreditada objetivamente, puede
sostenerse con total validez, con fundamento lógico, historiográfico, fáctico y jurídico, que
se trata del establecimiento educacional vigente más antiguo del país.
René David Navarro Albiña
Abogado
Doctor en Filosofía y Lógica
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