El informe revela que 9 de las 13 municipalidades no recibieron el fármaco a base de Cannabis, las que por convenio habrían aportado un total más de 400 millones de pesos.
Entre los descubrimientos, se resalta que el laboratorio encargado de la producción de un fitofármaco a base de cannabis no poseía la autorización del Instituto de Salud Pública. Además, se encontraron faltas en los convenios acordados.
El incumplimiento de los convenios y la ausencia de permisos oficiales para la fabricación del fármaco fueron algunas de las irregularidades identificadas por la Contraloría General de la República al revisar los acuerdos firmados entre la Fundación Daya y 13 municipalidades del país, destinados a implementar el «Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico».
La CGR publicó el informe final N° 247, de 2024, en el que examinó dichos convenios firmados entre enero de 2015 y diciembre de 2023 con las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla. Esto fue para implementar el programa con un total de $423.426.000, de los cuales se destinaron $359.025.625 a la Fundación.
Uno de los hallazgos de la auditoría indicó que, aunque los convenios y las transferencias de fondos a la Fundación se realizaron entre junio de 2015 y diciembre de 2016, no se confirmó que el laboratorio responsable de la elaboración del fitofármaco tuviera la autorización del ISP, la cual se obtuvo en 2018 para la producción provisional de 7.200 dosis.
Asimismo, se constató que 9 de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado y 2 solo obtuvieron una parte de las dosis. Sin embargo, algunos de los municipios afectados no exigieron el cumplimiento total de los convenios ni solicitaron la devolución de los recursos transferidos a la Fundación Daya, ante el incumplimiento de los objetivos, ni llevaron a cabo acciones judiciales al respecto.
La CGR también verificó incumplimientos por parte de algunos gobiernos locales en relación a las rendiciones de cuentas, como no exigirlas a la Fundación con la periodicidad establecida, no requerir los comprobantes de ingresos y gastos de los recursos recibidos y no contar con los respaldos correspondientes. Además, se señalaron casos de inexistencia o duplicidad en las rendiciones en Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros; aceptación de rendiciones por montos superiores a los transferidos por las municipalidades de Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros; y falta de revisión de las rendiciones en los municipios de Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral.
El ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la producción del fitofármaco ni concedió el registro sanitario. Además, las dosis fabricadas no estaban exclusivamente destinadas al proyecto de Daya con las municipalidades, lo que llevó a que las dosis no fueran suficientes para cubrir lo estipulado en los acuerdos, que correspondía al tratamiento de 2.300 pacientes durante un año. Como resultado de estos hallazgos, la Contraloría General iniciará un sumario para determinar las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios implicados. Asimismo, los resultados de la investigación serán informados al Consejo de Defensa del Estado para las acciones que correspondan.
Fuente: www.contraloria.cl
